Según informes de Ecolatina y Focus Market la medida planteada por la Secretaría de Comercio Interior sólo contendrá la inflación por un tiempo limitado.
El panorama económico e inflacionario no luce optimista, según informes difundidos por las consultoras Ecolatina y Focus Market explican que los controles anunciados conforme al congelamiento de precio de 1.249 productos por tres meses, pueden tener efectos positivos en el corto plazo, del mismo modo que los congelamientos de tarifas o tipo de cambio. Sin embargo, serían “una bomba de tiempo” ya que este tipo de medidas en un contexto inflacionario conllevan en sí mismas la garantía de una suba posterior. En consecuencia, si esa suba efectivamente ocurriera en 2022, las pautas del presupuesto podrían quedar nuevamente subestimadas.
El atraso acumulado desde marzo de 2020, como consecuencia del programa de Precios Máximos y de este nuevo congelamiento, rondaría casi un 40% en el cierre del 2021. Esta cifra surge de comparar a la inflación de los productos de consumo masivo acumulada entre el inicio de Precios Máximos y el cierre del 2021 con la inflación general, que para el mismo periodo sería de alrededor de 89%.
Según las estimaciones de Ecolatina, si el programa es efectivo, la suba de precios de consumo masivo sería alrededor de 35% en 2021, ubicándose muy por debajo de su proyección de inflación general para el año, que es del 50%. De cara al 2022 y teniendo en cuenta el proyecto de Presupuesto Nacional en el que el Gobierno postuló una inflación de 33%, un aumento de precios de dicha magnitud requeriría que el esquema cambiario no se modifique y el dólar siga corriendo por debajo del Índice de precios al consumidor (IPC).
Lo que hace el programa de Feletti es incrementar la cantidad de productos en grandes cadenas y deja a la retaguardia el resto de los formatos donde pasa el 70% de la comercialización. Es decir, que la iniciativa planteada tiene poco alcance y cobertura.
En conclusión, el congelamiento de precios como medida para combatir la inflación, causaría importantes daños colaterales como el desabastecimiento, la evasión empresaria y la imposibilidad de cumplir con el Presupuesto 2022.