La Comisión Jurídica para Delitos Electorales del Frente Unidos por San Luis envió el día lunes una carta documento al Banco Supervielle en la cual notifica a la entidad de la existencia de la cautelar emitida por la Justicia Federal.
El banco que actúa como agente financiero del Estado provincial fue alertado para que no realice operaciones para el Gobierno que puedan “significar actos de simulación tendientes a eludir” la resolución emitida por la Justicia. Según se informó, el banco fue intimado para que se “abstenga de realizar transferencias, giros o cualquier otra operación de características similares para con el Gobierno de la Provincia de San Luis”.
La carta documento firmada por el coordinador de la comisión, Ricardo Bazla incluye “el apercibimiento de iniciar acciones administrativas ante el Banco Central de la República Argentina y eventualmente por ante la justicia competente”. Para la oposición, los fondos rotatorios o “caja chica” son un engranaje clave de la maquinaria montada por el Gobierno de Rodríguez Saá para que los funcionarios dispongan de fondos públicos de libre uso durante la campaña electoral del Frente K Fuerza San Luis.
El Gobierno de Alberto Rodriguez Saá, gestionó la apertura de cuentas bancarias por $5 millones de las cuales los funcionarios autorizados pueden hacer extracciones de $50.000 en forma ilimitada. Además de cuestionarse la intencionalidad política electoral, está en la mira la discrecionalidad porque no están obligados a pasar por todos los filtros de control. La sola presentación de una declaración jurada actúa como rendición.
