Tras la dura derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas u Obligatorias (PASO), previas a los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo, el Gobierno reorganiza su agenda.
Como otros oficialismos golpeados por la pandemia, a menos de dos años de mandato, el presidente, Alberto Fernández, tuvo que pagar el precio de la crisis económica que se arrastra desde el anterior Gobierno de Mauricio Macri, y que se profundizó con la pandemia.
El impacto fue inesperado, puesto que Juntos por el Cambio, la coalición opositora que ganó en las PASO de este domingo 12, había perdido la elección presidencial hace apenas dos años como consecuencia del desastre económico y financiero provocado por su gestión.
El Gobierno de Fernández tiene dos meses, antes de las elecciones legislativas de noviembre, para responder a las urgencias de la población en cuatro frentes clave: inflación, dólar, ingresos y el acuerdo con el FMI.
El problema estructural de la inflación en Argentina
La evolución de los precios, en especial los de la canasta básica de alimentos, ha estado en el umbral del 3% mensual, con un pico de 4,8% en marzo pasado, limitando de ese modo la recuperación del poder adquisitivo de la población.
Esta dinámica precios-ingresos ha afectado con más intensidad a los grupos sociales de menos recursos que son, precisamente, la base electoral del peronismo gobernante.
La inflación de estos meses ha sido una expresión de la tradicional puja distributiva que, como ya ha quedado probado, en la economía argentina adquiere una intensidad que otras no tienen.
Tan es así que la inflación ha marcado cifras mensuales elevadas a lo largo de la pandemia sin importar el derrumbe de la actividad al comienzo de la crisis del coronavirus, a pesar de medidas adoptadas por el Gobierno como el congelamiento de tarifas y la relativa contención cambiaria, y a pesar de la limitación de la demanda por la reducción de la masa salarial global.
En los peores meses de la pandemia los precios siguieron subiendo y se aceleró la tendencia cuando empezó la reapertura de la economía, que derivó en recuperación de la actividad en la mayoría de los sectores.
¿Qué piensa hacer el Gobierno con la inflación?
El ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien sectores de la coalición oficialista apuntan como uno de los responsables de la derrota electoral, está convencido de que utilizando los instrumentos tradicionales de política económica —fiscal, monetaria y cambiaria— podrá bajar la tasa de inflación a un rango del 1,5 al 2,0% mensual.
En el equipo económico explican que al mismo tiempo se necesitan acciones inmediatas directas: control e intervención en mercados sensibles.
Señalan que existen comportamientos en la formación de precios que internalizan expectativas que no están alineadas a los principios del marco macroeconómico. Por lo tanto dicen que es necesario profundizar la coordinación, mediante acuerdos y regulaciones que permitan una mayor previsibilidad para los próximos meses, que serán acompañados de controles y monitoreo a los formadores de precio, de modo que eviten la generalización de conductas especulativas.
La inflación también es política
En la economía argentina la inflación no es solamente un fenómeno económico; es también político.
Las señales en ese sentido son tan transparentes que no considerarlas constituye una ingenuidad asombrosa teniendo a mano enseñanzas de experiencias pasadas. Las estimaciones de las consultoras del poder económico generan expectativas de inflación al alza.
Esas proyecciones son evidentemente políticas. Las empresas formadoras de precios ajustan de acuerdo a las expectativas de subas según los informes de los economistas vinculados a fuerzas políticas opositoras, con definidas posiciones ideológicas conservadoras.
Por ejemplo, durante el gobierno de Macri (2015-2019) siempre estimaron una tasa de inflación más baja que la efectivamente registrada. Lo que sucede es que esta construcción de expectativas no es solamente una cuestión técnica derivada de la incomprensión acerca del funcionamiento de la economía, sino que es un posicionamiento eminentemente político.
La obsesión con el dólar en una economía bimonetaria
La economía argentina tiene la particularidad de ser bimonetaria, endeudada, de inflación elevada y de ingresos medios. No existe otro país que hoy tengas esas características todas juntas.
Por ese motivo la cotización del dólar es una variable muy sensible en términos económicos y financieros, pero también en las expectativas sociales acerca del futuro inmediato.
Un frente clave en una economía bimonetaria con un régimen de inflación elevada es el cambiario.
Los shocks inflacionarios en la economía argentina fueron consecuencia de crisis del sector externo que derivaron en fuertes devaluaciones. La traslación a precios de ajustes del tipo de cambio es cada vez más rápida a medida que se van reiterando las crisis, agudizando de ese modo el rasgo bimonetario de la economía.
Cuando aparecen incertidumbres económicas o políticas, como las que hoy se están registrando por la derrota del oficialismo, la evolución de la paridad cambiaria queda bajo tensión.
El Gobierno de Alberto Fernández ha prometido que no habrá una fuerte devaluación y que continuará con su actual estrategia en el mercado cambiario por los siguientes tres factores:
1.
Fortalecer la construcción de las expectativas sociales acerca de la estabilidad de la economía.
2.
Definir la fijación de precios de insumos clave de la cadena de producción y, por lo tanto, en el impacto en la tasa de inflación.
3.
Controlar la dolarización de las ganancias teniendo en cuenta el carácter bimonetario de la economía.
El horizonte del acuerdo con el FMI
Pese a la derrota del oficialismo, las negociaciones entre la Argentina y el FMI continuarán con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo que reemplace el stand by firmado en 2018 y 2019.
La magnitud del despropósito del crédito otorgado por el FMI al anterior gobierno de Mauricio Macri queda expuesta en el siguiente dato: en el año de la peor crisis económica, social, laboral y sanitaria mundial de los últimos cien años, este organismo financiero internacional entregó asistencia a 85 países por un monto global de más de 100.000 millones de dólares.
La conducción anterior del Fondo, liderada por la francesa Christine Lagarde, que a pesar de su pésima gestión, por esos oscuros laberintos de las finanzas globales, fue ascendida a presidenta del Banco Central Europeo, autorizó un préstamo a un solo país por 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 45.000 millones en apenas 12 meses.
La presión del establishment por un rápido acuerdo apunta a que el Gobierno de Alberto Fernández acepte las condiciones tradicionales del FMI: más rápida reducción del déficit fiscal, mayor restricción de la política monetaria, meta más ambiciosa de acumulación de reservas y avanzar en reformas regresivas en materia laboral y previsional.
El bloque de poder económico local ha utilizado al Fondo como instrumento de extorsión a los gobiernos que resisten las políticas de ajuste.
Sin embargo, el nuevo escenario político a partir del resultado de las últimas elecciones este domingo 12 de septiembre, hace inviable la posibilidad de un ajuste de la economía porque, precisamente, sectores del gobierno de coalición concluyen que la derrota electoral fue por la debilidad de la recuperación económica y por el disgusto social.
El presidente Alberto Fernández deberá enfrentar estos dos próximos meses cruciales para mejorar el resultado electoral apuntando a mantener bajo control el dólar, desacelerar la inflación, aumentar los ingresos de trabajadores y jubilados y, finalmente, cerrar un acuerdo con el FMI que no implique ajuste económico.
FUENTE: NOTA ALFREDO ZAIAT
Economista argentino
Sputnik / Francisco Lucotti
