Desde las fallidas aerosillas en medio de la selva misionera, hasta un megaestadio en Santiago del Estero que ya cuesta más del doble de lo presupuestado, pasando por la replica de la fachada del Teatro Club Social en San Luis. Desde el inconcluso edificio para la Legislatura formoseña conocido como el “Palacio de la Corrupción”, hasta un acueducto en Mendoza cuyo presupuesto se esfumó, y la ya emblemática autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Oliva en Santa Cruz, adjudicada originalmente a Lázaro Báez.
Las obras públicas en las provincias siguen envueltas en la opacidad o cuestionadas con denuncias. La red federal RUIDO relevó tres obras por cada una de las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires para analizar cuánto se sabía sobre su costo. El criterio utilizado fue que hubiera despertado críticas o una polémica reciente, ya sea con denuncias mediáticas, legislativas y/o judiciales.
El resultado fue coincidente en la mayoría de los casos. Casi 7 de cada 10 argentinos no pueden saber cuánto cuestan fehacientemente los proyectos que se levantan en sus distritos con fondos estatales. La cifra surge del promediar la cantidad de obras viales (37,5%), de salud (41%) y obras polémicas (20,8%) con costos finales conocidos (33%) relevada. “Y los que sí pueden saberlo, no hallarán la información completa sobre dicha ejecución”, sostiene la investigación de RUIDO.
“El objetivo de esta investigación es tener un relevamiento actual y preciso sobre cómo informan los estados subnacionales argentinos el uso que hacen de los fondos que destinan a las obras públicas, que siempre constituyen porciones altas de sus presupuestos”, le explicó Sergio Carreras, uno de los coordinadores de Ruido, a Infobae.
Para la tarea, se presentaron pedidos de Acceso a la Información en dependencias gubernamentales y tribunales de cuentas de cada distrito. Se solicitaron fechas, pliegos de licitaciones, costos, redeterminaciones de precios e inspecciones. En la mayoría de los casos la solicitud no encontró eco: el 83% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información, y en ninguna se halló el 100% de los datos solicitados.
El informe – el tercero que realiza esta red federal de periodistas- muestra, por un lado, el poco acceso a la información pública sobre el tema de obras públicas en muchas provincias. Y por el otro, que hay obras públicas-símbolos en cada provincia con un elevado gasto, que se caracterizan por la falta de transparencia administrativa.
“Esta investigación no solamente muestra la opacidad con la que trabajan los estados provinciales, sino también la escasísima predisposición con la que estas administraciones ofrecen información pública sobre sus contrataciones de obras”, señaló Carreras, periodista oriundo de Córdoba.
Por eso, muchas de las cifras que sí están en el relevamiento no fueron aportadas por los estados provinciales, sino que fueron sistematizadas por RUIDO a partir de información periodística, o por declaraciones públicas de funcionarios difundidas en distintos medios locales.
“La falta de transparencia administrativa e informativa no está limitada a ciertos distritos que puedan ser vistos como menos modernos desde el punto de vista del uso de nuevas herramientas digitales y bases de datos, sino que también abarca a importantes distritos que cuentan con portales o leyes locales de información pública, como la Ciudad de Buenos Aires o provincias como Mendoza”, agregó Carreras.
Si bien el objetivo inicial de RUIDO era comparar el costo de un kilómetro de autovía o de metro cuadrado de centro de salud construido entre las provincias, no fue posible debido a la falta de información y a la negativa de las administraciones provinciales a hacerla pública.
“La dispersión y la falta de datos, y la imposibilidad de conocer fechas certeras de adjudicaciones o de pagos impiden, por ejemplo, que se pueda realizar una conversión confiable a precios constantes y, por ende, comparar costos entre las provincias. Incluso, eso imposibilita establecer cuánto se gastó en una obra, en base a diferentes desembolsos, respecto de lo inicialmente presupuestado (controlando el efecto de la inflación)”, revela la investigación de RUIDO.
Esto se traduce que, en la práctica, no sea posible saber si el costo de una obra es razonable o exorbitante. “Precisamente, que este rubro fundamental de la gestión pública sea imposible de controlar, da margen para alentar la idea de que la corrupción es inevitable en este ámbito”, advierte el trabajo.
San Luis, con fachada cuestionada
La “Réplica del Teatro Club Social” está inspirada en la antigua estructura que comenzó a construirse en 1884, en la céntrica esquina de San Martín y Belgrano de la ciudad de San Luis, que sufrió un incendio y luego fue demolida. El nuevo edificio de 6.000 metros cuadrados cubiertos se erigió lejos del centro, sobre la avenida Justo Daract, en el predio del viejo hipódromo.
La obra inició a fines de 2018. Aunque su plazo de ejecución era de 330 días y su finalización estaba prevista para octubre de 2019, recién se culminó hace algunos meses sin que el Gobierno haya anunciado su inauguración. Una de las polémicas radica en la construcción de una fastuosa obra cuestionada por algunos sectores de la oposición y parte de la sociedad puntana al no ser una prioridad para la Provincia necesitada de otras obras.
NOTA: Mariel Fitz Patrick / infobae
