Según fuentes judiciales, la resolución del juez Maqueda, argumenta dar curso a la medida cautelar para evitar que haya una «vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país».
Los programas que se deberán postergar hasta el 15 de noviembre contempla el pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de 20.000 pesos y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre; también que no se continúe con la operatoria de microcréditos de hasta 50.000 pesos, y el otorgamiento de subsidios a asalariados.
La medida alcanza otro anuncio que refiere al pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de $ 20.000 y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre (3 días hábiles antes de la elección).
Dentro de los cuatro planes cautelados se incluyó los fondos rotatorios. Se había dispuesto dotar de una partida de $ 5 millones a cada ministerio, con la posibilidad de entregar subsidios en efectivo de hasta $ 50.000. La rendición de estos fondos se había dispuesto que sea con la presentación de una declaración jurada como único requisito.
El Comité Electoral del PRO denunció que la medida puede configurar un delito electoral, «consistente en el uso burdo y grosero de fondos públicos para financiar la campaña política del espacio kirchnerista Fuerza San Luis que dirige el Gobernador Alberto Rodríguez Saá a través la entrega de dinero en efectivo o bienes con el ánimo de revertir la derrota electoral de las PASO», indicaron.
