El certificado sanitario, criticado en la calles de Francia pero convalidado por la máxima autoridad constitucional del país, entró en vigor hoy en el país europeo para potenciar la lucha contra al epidemia de Covid-19 que sigue sin dar tregua.
El certificado será obligatorio para el ingreso a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y trenes de larga distancia.
El Consejo Constitucional francés -que vela por la conformidad de la ley con la Constitución y los derechos fundamentales- validó la semana pasada el uso del documento digital en medio de varias jornadas de protestas masivas en todo el país.
Críticos del certificado acusan al presidente Emmanuel Macron de poner en marcha una «dictadura» sanitaria, pero el consejo dijo que suponía una «conciliación equilibrada» entre libertades públicas y protección de la salud.
Habrá una semana de tolerancia con el fin de que las personas encargadas de efectuar los controles a la entrada de los establecimientos se vayan acostumbrando a esta nueva herramienta, que tiene la forma de un código QR, anunció el Ejecutivo.
Y es que se trata de una «restricción más», pero indispensable en un momento en que la situación sanitaria sigue deteriorándose, dijo el portavoz del Gobierno Gabriel Attal.
Según datos oficiales, el sábado había en cuidados intensivos 1.510 pacientes frente a los 1.099 hace una semana.
El número de hospitalizaciones pasó de los 8.368 del viernes a 8.425 un día después.
«El certificado y el avance de la vacunación deberían evitarnos otros toques de queda y confinamientos», dijo el ministro de Salud Olivier Véran.
Varios decretos y órdenes, publicados ayer en el Diario Oficial, ofrecen precisiones prácticas sobre el certificado.
Para ser válido, el certificado, que ya está en vigor en varios países europeos, debe hacer constar la pauta de vacunación completa, o mostrar un certificado de test positivo de al menos once días y menos de seis meses en el caso de que se haya pasado el Covid-19.
Un test negativo de «menos de 72 horas» también vale.
No se exigirá el certificado si se va al médico de cabecera, aunque sí se exigirá en los hospitales, «pero en ningún caso debería constituir un freno para acceder a cuidados útiles y urgentes», dijo Véran.
Cuando los cafés abrieron sus puertas hoy temprano, se observaron los primeros signos de frustración entre los dueños de establecimientos que han tenido que sobrevivir a largos meses de cierre.
«No tienen el certificado sanitario y no hay nada que pueda hacer», dice Mirela Mihalca, señalando a dos clientes que se sentaron en una mesa en un café del centro de París, pero a los que se negó a servir, informó la agencia de noticias francesa AFP.
«Algunos lo entienden rápidamente, otros no. Va a ser difícil, ¡no somos la policía!», agregó.
Los reclamos por esta herramienta persisten.
Unas 237.000 personas, de ellas 17.000 en París, salieron a las calles para protestar, según datos del Ministerio del Interior.
Buena parte de los manifestantes estaban en contra de la obligatoriedad del certificado, que lo consideran como una «obligatoriedad de vacunarse disfrazada» y consideran la coacción desproporcionada y están preocupados de que un empleador pueda suspender el contrato de trabajo de un empleado que no lo tenga.
El Gobierno prefiere hablar de los vacunados.
El sábado, 44,6 millones de personas habían recibido al menos una dosis (el 66,2% de la población total) y 37 millones han recibido las dos (el 55,1% de la población).
El Gobierno espera llegar a los 50 millones de vacunados con una dosis para finales de agosto.
Desde el anuncio de Macron, el 12 de julio, sobre el certificado, más de 6,8 millones de personas pidieron cita para recibir la primera inyección, asegura su entorno.
Esta semana, el jefe del Estado publicó 12 videos en las redes sociales, que ya fueron vistos más de 60 millones de veces, para responder a los interrogantes de los franceses e instarlos a que se vacunen.
